Por: Marcelino Aparicio J. (*)
Me llega una información preocupante sobre la minería en la región Piura: un poderoso lobby internacional estaría hilando fino para evitar que nuestras riquezas mineras sean explotadas en beneficio del millón 700 mil habitantes que residen en la cálida tierra de Miguel Grau. Confieso que la noticia me saca del cuadro, pero tiene argumentos que vale la pena dilucidar. ¿A quién beneficia que las miles de toneladas de cobre, zinc, plata y oro se mantengan bajo tierra en Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande? La respuesta es contundente: a los grandes consorcios que operan en Chile, Indonesia, USA, Australia y Rusia. Indudablemente, estas transnacionales no quieren competencia, mucho menos de un país emergente como Perú que pondría en riesgo el precio internacional del mineral. En la actualidad, ocupamos el sexto lugar en producción mundial de cobre y con la explotación de las betas cupríferas en la serranía piurana, cuyas reservas se estiman en más de mil 200 millones de toneladas métricas, ocuparíamos un expectante sitial en el selecto grupo de productores de cobre del planeta. Por ende, resulta contradictorio el convulsionado escenario social generado a raíz del grave dilema piurano: ¿agricultura o minería? Mientras los fracasados, decadentes y perezosos políticos regionales se siguen rascando la panza peluda; los pobres se mueren de hambre y las transnacionales aplauden mientras observan la estéril y delirante pugna entre supuestos ambientalistas y los que reclamamos que la riqueza minera se explote en beneficio de todos.De acuerdo a datos no oficiales, las ocho provincias de Piura recibirían casi 50 millones de dólares anuales por concepto de canon minero y regalías mineras si el proyecto Río Blanco se echa a andar. (Eso sin contar otros proyectos mineros que duermen el sueño de los justos, lo que incrementaría los ingresos para el gobierno regional, gobiernos locales, universidades e institutos). Los fundamentalistas del medio ambiente, que dicho sea de paso en su gran mayoría son forasteros, parecen ignorar el grave daño que le hacen al progreso. Si el problema es la contaminación, pues sentémonos en la mesa de diálogo, impulsemos la creación de un Comité Ambiental Regional con representación de toda la sociedad civil y exijámosle a las mineras estándares internacionales de estricta protección de la naturaleza; tal como se hace en otros países. Los capitostes “antimineros” le dan la contra a todos y en su afiebrada negativa arrastran a miles de confundidos campesinos que ya no saben qué hacer. ¿Acaso no se dan cuenta que son tontos útiles de aquellos que boicotean nuestro desarrollo?
(*) mapari22@hotmail.com
Me llega una información preocupante sobre la minería en la región Piura: un poderoso lobby internacional estaría hilando fino para evitar que nuestras riquezas mineras sean explotadas en beneficio del millón 700 mil habitantes que residen en la cálida tierra de Miguel Grau. Confieso que la noticia me saca del cuadro, pero tiene argumentos que vale la pena dilucidar. ¿A quién beneficia que las miles de toneladas de cobre, zinc, plata y oro se mantengan bajo tierra en Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande? La respuesta es contundente: a los grandes consorcios que operan en Chile, Indonesia, USA, Australia y Rusia. Indudablemente, estas transnacionales no quieren competencia, mucho menos de un país emergente como Perú que pondría en riesgo el precio internacional del mineral. En la actualidad, ocupamos el sexto lugar en producción mundial de cobre y con la explotación de las betas cupríferas en la serranía piurana, cuyas reservas se estiman en más de mil 200 millones de toneladas métricas, ocuparíamos un expectante sitial en el selecto grupo de productores de cobre del planeta. Por ende, resulta contradictorio el convulsionado escenario social generado a raíz del grave dilema piurano: ¿agricultura o minería? Mientras los fracasados, decadentes y perezosos políticos regionales se siguen rascando la panza peluda; los pobres se mueren de hambre y las transnacionales aplauden mientras observan la estéril y delirante pugna entre supuestos ambientalistas y los que reclamamos que la riqueza minera se explote en beneficio de todos.De acuerdo a datos no oficiales, las ocho provincias de Piura recibirían casi 50 millones de dólares anuales por concepto de canon minero y regalías mineras si el proyecto Río Blanco se echa a andar. (Eso sin contar otros proyectos mineros que duermen el sueño de los justos, lo que incrementaría los ingresos para el gobierno regional, gobiernos locales, universidades e institutos). Los fundamentalistas del medio ambiente, que dicho sea de paso en su gran mayoría son forasteros, parecen ignorar el grave daño que le hacen al progreso. Si el problema es la contaminación, pues sentémonos en la mesa de diálogo, impulsemos la creación de un Comité Ambiental Regional con representación de toda la sociedad civil y exijámosle a las mineras estándares internacionales de estricta protección de la naturaleza; tal como se hace en otros países. Los capitostes “antimineros” le dan la contra a todos y en su afiebrada negativa arrastran a miles de confundidos campesinos que ya no saben qué hacer. ¿Acaso no se dan cuenta que son tontos útiles de aquellos que boicotean nuestro desarrollo?
(*) mapari22@hotmail.com
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